En los últimos meses, se han implementado cambios significativos en el sistema de compras públicas en Chile, específicamente en la plataforma ChileCompra y el Registro de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Estas modificaciones buscan aumentar la transparencia y la probidad en las contrataciones públicas, asegurando que las personas naturales detrás de las empresas sean claramente identificadas.
A partir del 12 de diciembre de 2024, todos los proveedores registrados como personas jurídicas en ChileCompra deben completar una nueva Declaración Jurada del Registro de Proveedores. Esta declaración reemplaza a la anterior Declaración de Socios y Administradores y requiere que las empresas informen sobre sus beneficiarios finales, administradores y vínculos con otras empresas.
El objetivo de esta medida es transparentar las relaciones empresariales y asegurar que las personas naturales detrás de las empresas que ofertan y venden productos al Estado sean identificadas claramente. Esto no solo fortalece la confianza en las contrataciones públicas, sino que también facilita la detección de posibles conflictos de interés y prácticas corruptas. Estas disposiciones están enmarcadas en la Ley N° 21.634, que moderniza la Ley de Compras Públicas N° 19.886.
En paralelo, el Ministerio de Obras Públicas ha introducido cambios en su Registro de Contratistas. Ahora, las empresas que deseen inscribirse o renovar su inscripción en este registro deben informar sobre sus empresas relacionadas. Esta medida busca asegurar que todas las entidades vinculadas a los contratistas sean transparentes y que no existan conflictos de interés en la adjudicación de contratos públicos.
El MOP ha establecido que las empresas deben renovar su inscripción en el Registro de Contratistas de Obras Mayores o Menores anualmente, y la falta de cumplimiento con esta obligación puede resultar en la suspensión del registro. Este cambio es parte de un esfuerzo para mejorar la transparencia y la integridad en la contratación pública, conforme al Reglamento del Registro General de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas.
Dificultades para identificar a los beneficiarios finales
La identificación de los beneficiarios finales en el sistema de compras públicas de Chile presenta varios desafíos significativos. A continuación, se analizan algunos de los principales obstáculos:
Complejidad de las estructuras empresariales: Muchas empresas tienen estructuras corporativas complejas, con múltiples niveles de propiedad y control. Estas estructuras pueden incluir sociedades anónimas, fideicomisos y otras entidades legales que dificultan rastrear a las personas naturales que realmente controlan o se benefician de la empresa. La opacidad en estas estructuras puede ser utilizada para ocultar la identidad de los beneficiarios finales, complicando la tarea de las autoridades de fiscalización.
Uso de multirut: El uso de múltiples RUT (Rol Único Tributario) por parte de los mismos individuos a través de diferentes entidades jurídicas es una práctica que ha sido identificada como problemática. Esta estrategia permite a los propietarios de empresas sancionadas crear nuevas entidades con diferentes RUT para seguir participando en licitaciones públicas, eludiendo así las sanciones y restricciones impuestas a sus empresas originales.
Resistencia de las empresas: Algunas empresas pueden mostrar resistencia a la hora de proporcionar información completa y precisa sobre sus beneficiarios finales. Esto puede deberse a preocupaciones sobre la privacidad, el temor a revelar información competitiva o la intención de ocultar prácticas indebidas. La falta de cooperación por parte de las empresas puede dificultar significativamente el proceso de identificación.
Limitaciones Legislativas: Aunque la reciente reforma a la ley de compras públicas en Chile es un avance importante, aún existen limitaciones en su alcance y aplicación. La normativa actual puede no ser suficientemente robusta para abordar todas las formas en que las empresas pueden ocultar la identidad de sus beneficiarios finales, lo que requiere una revisión y fortalecimiento continuo de las leyes y regulaciones.
Estos cambios representan un paso importante hacia una mayor transparencia y probidad en las compras y contrataciones públicas en Chile. Al exigir la declaración de beneficiarios finales y la información sobre empresas relacionadas, se busca prevenir la corrupción y asegurar que las contrataciones se realicen de manera justa y equitativa. Sin embargo, los desafíos mencionados requieren un enfoque multisectorial que incluya la simplificación de estructuras empresariales, la mejora de los recursos y la capacitación de las autoridades, y el fortalecimiento de la legislación vigente. Solo a través de estos esfuerzos combinados se podrá avanzar hacia un sistema de compras públicas más transparente y justo.
Óscar Gajardo
Socio GDO Abogados
