Señor Director:
El reciente abandono de la concesión de la Ruta G-21 (camino a Farellones) es otra señal de alerta respecto de cómo la permisología ambiental se ha transformado en una traba para el desarrollo.
La concesión fue terminada anticipadamente en noviembre de 2023 por no lograr una Resolución de Calificación Ambiental dentro del plazo legal de 24 meses. Hoy se discute una compensación millonaria por parte del MOP por el costo financiero asumido por la exconcesionaria. Mientras tanto, Lo Barnechea sigue esperando una solución justo al inicio de la temporada invernal.
Según un estudio de la USS, la burocracia del SEIA costó a Chile US$ 2.200 millones, equivalentes a 0,7% del PIB, y retrasó la creación de hasta 100 mil empleos, 30 mil de ellos permanentes. Es evidente que el sistema necesita una reforma profunda.
El año pasado fuimos testigos de un colapso total de la Ruta G-21, provocado por la excesiva cantidad de vehículos particulares, sumado a una creciente proliferación de minibuses turísticos que operan sin una regulación ni fiscalización adecuadas. El impacto dejó en evidencia la falta de planificación y control en la gestión del tránsito hacia zonas de alta demanda estacional. Esta situación no puede repetirse.
En pleno año electoral, urge consensuar entre los candidatos que una evaluación ambiental más eficiente es necesaria para atraer inversión e impulsar el crecimiento del país.
Óscar Gajardo Carreño
Socio de GDO Abogados
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