
Óscar Gajardo Carreño, Diario Financiero.
Señor Director: Dos meses tardó la revisión en el Tribunal Constitucional de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS). Aunque su aprobación es un hito, el proceso retrasó su implementación.
La salida de Nicolás Grau del Ministerio de Economía y su traslado a Hacienda, sin una transición clara hacia su sucesor, Álvaro García, ha generado una discontinuidad. La LMAS requiere una coordinación entre más de 30 servicios públicos, y cualquier quiebre en su conducción amenaza su éxito. Grau buscaba dejar el 80% del nuevo sistema funcionando antes del fin del mandato de Boric, mientras que García debe lograr su total operatividad.
Ambas metas son complicadas, ya que el apretado calendario, junto con los reglamentos pendientes, obstaculizan su cumplimiento. A esto se suma la tramitación del proyecto de Ley de Patrimonio Cultural, que amplía las categorías de protección y podría ralentizar aún más las inversiones, en aparente contradicción con los objetivos de la LMAS. Lo esencial, sin embargo, es no perder de vista el propósito central de esta reforma: atraer inversión, destrabar proyectos y modernizar el Estado. La LMAS es una oportunidad que no debe diluirse por falta de voluntad política.

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