Óscar Gajardo Carreño, socio de GDO Abogados
SEÑOR DIRECTOR:
En los próximos meses vence el contrato de concesión de las cárceles de Rancagua, La Serena y Alto Hospicio, que en conjunto administran a cerca de 7.600 reclusos.
El Estado no inició un nuevo proceso de licitación y optó por negociar con los actuales concesionarios la extensión del contrato de operación hasta 2027, incorporando ampliaciones que permitan crear más de mil nuevas plazas. Si no logran un acuerdo, en enero habrá una crisis carcelaria que el Estado no está preparado para asumir.
Esta situación demuestra que es necesario fortalecer el modelo de cárceles concesionadas y volverlo más atractivo para los inversionistas.
Hoy nuestro sistema carcelario mantiene alrededor de 61 mil personas privadas de libertad con solo 42 mil plazas disponibles. Si no se asegura la continuidad del modelo, la administración directa de estos complejos por parte de Gendarmería, sin recursos, equipos técnicos, ni personal suficiente, podría agravar la crisis y poner en riesgo la seguridad, y la reinserción social.
Basta de improvisaciones. Dar continuidad al sistema de cárceles concesionadas es una decisión responsable por parte del Estado, quien debe garantizar la seguridad pública, respeto por los derechos humanos de los reos, y a la vez asegurar el bienestar de los gendarmes.
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