Congreso aprueba proyecto sobre “permisología”, pese a resistencia del Partido Comunista y del Frente Amplio

En el sector privado afirman que esta norma es solo un primer paso para despejar las trabas burocráticas a la inversión, pero el oficialismo acusa un retroceso en protección ambiental.

Con más apoyo de la oposición que del oficialismo, el proyecto del Gobierno para reducir la ‘permisología’ fue aprobado en la Cámara de Diputados y quedó en condiciones de ser promulgado como ley. Según las estimaciones del Ejecutivo, la norma podría reducir entre un 30% y un 70% los tiempos actuales de tramitación que enfrenta un proyecto de inversión para obtener todas las autorizaciones exigidas de forma posterior a la etapa de evaluación ambiental.
En líneas generales, la legislación instala una nueva arquitectura regulatoria para la tramitación de permisos sectoriales, con una nueva oficina a cargo de velar por su correcto funcionamiento y una ventanilla única por donde ingresan las solicitudes que hoy están distribuidas entre distintos servicios.
Respecto de la tramitación en sí misma, la norma establece plazos más exigentes y con nuevas consecuencias en caso de incumplimiento: se activa un ‘silencio administrativo’ que da por aprobada la solicitud, y establece sanciones para los funcionarios responsables, en caso de que el retraso sea injustificado. Por otro lado, autoriza la tramitación de distintos permisos por canales paralelos y permite reemplazar 50 autorizaciones de bajo riesgo —determinadas según criterios objetivos— por declaraciones juradas.
Con esta última medida en particular, el ministro de Economía, Nicolás Grau, ejemplifica uno de los principales efectos de la ley en la tramitación de grandes proyectos: ‘Va a permitir que con la misma gente que hay en la actualidad, los más de 40 servicios sectoriales que están a cargo de estos permisos, puedan enfocarse totalmente a las autorizaciones de mayor riesgo y, por lo tanto, van a poder responder a tiempo’.
Estándares y riesgos
La ley marco de autorizaciones sectoriales es una de las principales medidas procrecimiento que han estado en la agenda del Gobierno, donde proyectan un impulso anual de 0,24% del PIB por año, una vez que la reforma esté implementada. Sin embargo, en parte del oficialismo que hoy respalda a la candidata presidencial Jeannette Jara (PC) fueron críticos con el Ejecutivo por impulsar este proyecto de ley.
Además de pedir la revisión separada de diversos artículos, entre las 27 votaciones negativas que tuvo el grueso de las enmiendas que hizo el Senado predominaron el PPD, el PS y el Frente Amplio. En las 17 abstenciones lideró la bancada del Partido Comunista.
El diputado Daniel Manouchehri (PS) fue uno de quienes lanzaron duras críticas contra La Moneda, cuestionando que ‘este iba a ser el período más ecológico de nuestra historia; íbamos a liderar la transición verde con justicia ambiental, participación ciudadana y un Estado capaz de proteger lo que aún nos queda, pero el resultado ha sido otro’. Si bien dijo que el diagnóstico inicial de la reforma estaba bien orientado, criticó que ‘terminó convertida en una amenaza directa al medio ambiente y al interés público, en un acuerdo entre el Ministerio de Economía y la derecha. Más de 50 permisos sectoriales podrían reemplazarse por simples declaraciones juradas. Basta que una empresa diga que cumple, y avanza’, en alusión al mecanismo de declaraciones juradas.
El ministro Grau respondió que ‘hay mucha confusión en la forma en la que se ha dado este debate (…), quiero dar total tranquilidad: este es un proyecto que no afecta la protección ambiental y que nos va a permitir, organizando mejor el sistema de permisos sectoriales, reducir los tiempos principalmente de las empresas de menor tamaño’.
Desde la oposición, donde apoyaron mayoritariamente la normativa, el diputado Miguel Mellado (RN) señaló que este proyecto es solo un primer paso de cara a resolver las trabas regulatorias que hay en la economía, y lamentó que ‘estos son los proyectos que hay que empujar. Podríamos haber avanzado más, pero la oposición del oficialismo no quiso avanzar con mayor fuerza’.
Pese a la aprobación del proyecto, tres diputados socialistas anunciaron reserva de constitucionalidad sobre el texto, donde el Tribunal Constitucional deberá revisar una serie de normas que, según acusan los parlamentarios, amenazan los derechos fundamentales a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

¿Bajos estándares?
Desde la mirada de los especialistas, las nuevas declaraciones juradas no reducen estándares de protección, pero sí modifican su estructura. ‘Representa un giro significativo en la lógica del control estatal. Se transita desde un modelo de autorización previa hacia uno basado en fiscalización posterior’, explica el socio de GDO Abogados, Óscar Gajardo Carreño.

En este sentido, el vicepresidente del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), Carlos Zeppelin, añade que, en la práctica, se está trasladando la responsabilidad desde los funcionarios a cargo de cada permiso hacia el titular del proyecto. ‘Establece graves sanciones si una declaración jurada contiene una falsedad, inexactitud u omisión de carácter esencial; habilitando al fiscalizador sectorial a revocarla y puede dar lugar, además, a responsabilidades penales, civiles y administrativas’, recuerda.
Al respecto, Gajardo sí cree que hay un ámbito de incerteza que se debe aclarar en la implementación posterior de los reglamentos, vinculado precisamente a las consecuencias de un incumplimiento. ‘La normativa alude a sanciones ‘claras’ frente a declaraciones maliciosas, pero no se especifican su alcance, proporcionalidad ni los procedimientos para su aplicación. Esta ambigüedad genera incertidumbre jurídica y podría derivar en responsabilidades de los gerentes y directores, hasta paralizaciones posteriores de los proyectos, especialmente si los distintos órganos del Estado aplican criterios disímiles’, advierte.

Tarea pendiente
En el debate parlamentario, principalmente desde la oposición, el mensaje más reiterado al Gobierno es que si bien el proyecto da un paso importante, debe complementarse con medidas para impulsar la etapa de evaluación ambiental. Aunque el Ejecutivo presentó una reforma en ese sentido, no le ha dado prioridad legislativa.

Zeppelin, del CPI, también plantea que ‘esta transformación regulatoria, por sí sola, no basta. Para que realmente surta efecto, necesitamos avanzar en la tramitación de permisos ambientales, que constituyen en la actualidad la mayor traba en el avance de grandes proyectos’.
El propio Grau admitió que si bien esta modificación puede tener efectos significativos en casos de bajo riesgo, como los que usualmente implican a empresas de menor tamaño, no tendría impacto relevante en un caso emblemático como, por ejemplo, el proyecto Dominga.

REGLAMENTOS
La autoridad tiene cerca de un año para definir reglamentos y poner en marcha la ley.