A octubre, las obras no alcanzaban un 5% de avance. Los centros en Coronel, Lota, Nacimiento y Santa Bárbara —hoy en controversia— conforman una única concesión, que en total pondría a disposición 569 camas y 122 boxes de consultas médicas y no médicas en la región. ‘Hay una búsqueda de entendimiento entre las partes que no ha sido fácil’, dicen en la industria.
El sector de las concesiones está en alerta a causa de la posible extinción del contrato de concesión por ‘incumplimiento grave’ que hoy enfrenta al Ministerio de Obras Públicas (MOP) con la empresa española OHLA, y que tiene en manos de la Comisión Arbitral de Concesiones el futuro de cuatro hospitales de la Red Hospitalaria del Biobío. Terminar con esta concesión detendría —y extendería al menos en un par de años— la construcción de los hospitales de Coronel, Lota, Nacimiento y Santa Bárbara, todos en etapa de ejecución (diseño o construcción) por la Sociedad Concesionaria Hospitales Red Biobío S.A. que controla el Grupo Obrascón Huarte Lain S.A. (OHL) junto a Inversiones Bío Bío. En total ponían a disposición 569 camas, 122 boxes de consultas médicas y no médicas y 14 quirófanos en la región. Como los cuatro hospitales constituyen una única concesión, no se puede independizar su ejecución. Y si hay atraso en el avance de alguno, constituye una falta en el contrato completo, explican desde la industria. La concesión se inició en 2021 y se prolongaría 19 años, donde la etapa de construcción sería de cuatro años, más un período posterior de mantenimiento de 15 años, en un contrato por un valor total de 7.754.848 UF (unos $307.531 millones), y cuyo mandante es el Ministerio de Salud. En marzo el MOP, como encargado de las obras, ya había comunicado incumplimientos por retraso. Las obras preliminares comenzaron en mayo de 2023. Según informes de la Dirección General de Concesiones de mayo de 2024, las fechas para el inicio de las obras eran julio de 2024 para Santa Bárbara y Nacimiento, y agosto de 2024 para Coronel y Lota. Estos plazos sufrieron modificaciones, tal como los establecidos para la ‘puesta en servicio provisoria esperada para las obras’ (dejar el hospital en condiciones de operar) que era octubre de 2026 para Santa Bárbara; octubre de 2027 para Nacimiento; marzo de 2027 para Coronel; y febrero de 2027 en Lota.
Son cerca de seis años desde el inicio de la concesión que no se cumplirán, y tampoco figura una fecha actualizada para la puesta en marcha de los hospitales en el informe de Concesiones. Al mes de octubre, el Hospital de Coronel presenta casi un 5% de avance, según el último informe disponible, mientras que los otros tres mantienen un cero por ciento de obras construidas, aunque con avances en trabajos como excavaciones masivas, perfilados de terreno, losas, o enfierradura y moldaje de muros, se lee. Consultada la empresa, declinó referirse al tema, mientras no haya un pronunciamiento de la Comisión Arbitral. Se trata del tribunal especial que resuelve disputas técnicas y económicas entre el Estado y los concesionarios. Allí hoy se define la continuidad del proyecto y las opciones son o terminar el contrato e indemnizar a la empresa por el trabajo realizado hasta ahora, o que se resuelva que el MOP tiene parte de la responsabilidad y deba ajustarse el contrato, afirman desde la industria. A diferencia del Panel Técnico de Concesiones, cuyo rol fue dar recomendaciones a las partes, las resoluciones de la Comisión son vinculantes. ‘La sentencia definitiva no será susceptible de recurso alguno’, dice la Ley de Concesiones sobre las resoluciones de la Comisión Arbitral. No obstante, cualquiera de las partes puede escalar una acción ante la Corte de Apelaciones o incluso la Corte Suprema. Durante el proceso, ‘el contrato sigue vigente y en pleno desarrollo’, comentan desde el MOP. Si bien desde el ministerio no adelantaron en qué etapa se encuentra esta mediación, señalaron —por escrito— que ‘con el fin de proteger el interés público y evitar el perjuicio fiscal, además de dar certezas a la ciudadanía respecto a la construcción de la red hospitalaria en la región, como ministerio estamos trabajando de manera permanente con la sociedad concesionaria para lograr la construcción de los hospitales, que en su conjunto beneficiarán a más de 400 mil habitantes de la Región del Biobío’. ‘Entendemos las razones que plantea OHLA’, comenta la presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Gloria Hutt. Agrega que ‘queremos que las obras terminen ejecutándose. (…) Creemos en el sistema de concesiones como un mecanismo para acelerar las inversiones y que estas obras estén disponibles para los usuarios en el menor tiempo posible’.
‘El entendimiento no ha sido fácil’
Óscar Gajardo, socio de GDO Abogados y exjefe de la Defensa Judicial de Concesiones, explica que la decisión se reduce a dos alternativas, ‘la Comisión puede optar por declarar el incumplimiento grave del contrato, lo que conlleva la extinción automática de la concesión y la designación de un interventor con facultades limitadas para resguardar las obras y documentación del proyecto. Alternativamente, la Comisión puede rechazar la solicitud del MOP si determina que los atrasos no son imputables a la concesionaria, sino al propio ministerio, lo que implicaría mantener vigente el contrato, dejar sin efecto las multas y eventualmente modificar sus condiciones’. Sin embargo, agrega, ‘la Comisión debe analizar si el retraso se debe efectivamente a negligencia del concesionario o si obedece a factores externos, como decisiones del propio MOP o condiciones no previstas en el proyecto. Es en ese análisis donde pueden surgir sorpresas, ya que en muchos casos la responsabilidad no recae exclusivamente en una de las partes, y la Comisión podría concluir que no existe incumplimiento grave, lo que alteraría sustancialmente el curso del proceso’. La Comisión Arbitral la conforman tres personas, una designada por cada una de las dos partes, más una de mutuo acuerdo, consignan los expertos. De cualquier modo, esta mediación —o negociación— significaría un retraso importante en caso de determinarse el fin del contrato, puesto que habría que licitar los cuatro hospitales nuevamente, algo que no estaría considerado en el Presupuesto de 2026. En caso contrario, daría pie a modificar las condiciones del contrato, por ejemplo, la revisión de los costos asociados al proyecto o cómo se pagan las multas que correspondan. Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), comenta que actualmente ‘hay una búsqueda de entendimiento entre las partes que no ha sido fácil. Y la negociación va a ser muy difícil porque negocias paquetes muy grandes, ya que hay cuatro hospitales incluidos, frente a problemas que no son tan grandes como el total’. ‘Una lección que va a dejar este proceso es que los proyectos debieran separarse, quizá ser un paquete global, pero tratar independientemente a cada proyecto, de tal manera que cuando haya problemas en uno, no arrastre a los demás’, agrega Cruz. Pero no es un caso aislado si se trata de hospitales, actualmente hay 32 en estado de ‘ejecución’, y varios de ellos con retrasos importantes por diferentes causas como el Hospital del Salvador (con 11 años de construcción), el Hospital Buin-Paine o el de Linares. ‘También han ocurrido casos en que hallazgos arqueológicos o demoras y no otorgamiento de las autorizaciones correspondientes al Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental (SEIA), que han provocado dificultades o retrasos para completar un determinado proyecto, haciendo imposible cumplir con los plazos originalmente estipulados en un contrato de concesión’, dice Gajardo. Y es que los retrasos no son algo novedoso en la industria de las concesiones, aunque la extinción de un contrato de concesión por incumplimiento grave es una medida excepcional, señalan expertos, y la decisión podría incluso inhabilitar al concesionario de participar de futuras concesiones por algunos años, como ocurrió anteriormente con las concesiones de Rutas del Loa y Conexión Vial Melipilla-Camino de la Fruta.
Señales para el mercado
La empresa OHLA es el cuarto mayor contratista en proyectos de infraestructura en Latinoamérica y se focaliza en la construcción de hospitales y ferrocarriles. A través de sus divisiones internacionales, ha participado de obras como el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, en España; el Túnel Submarino para canalizar agua potable en la bahía de Nueva York, en EE.UU., o el Aeropuerto de Toluca, en México, como muestran en su sitio web. En Chile ya participaron de proyectos de infraestructura como el Hospital Militar, el Hospital San José o el Hospital de Curicó, además de la construcción del Congreso Nacional en Valparaíso, el Planetario de la U. de Santiago o el Centro de Justicia de Santiago. ‘Creo que lo que se busca es llegar a un entendimiento, y probablemente lo que está haciendo el MOP es forzar un poquito la mano para que ese entendimiento se pueda alcanzar’, afirma Carlos Cruz. ‘Si se llega a esas circunstancias (de terminar el contrato) y las razones son justificadas, la señal para el mercado es clara: y es que hay que hacer las cosas bien’, dice. Desde Copsa, Gloria Hutt sostiene que ‘cuando hay alguna controversia que está siendo analizada dejamos que sea la institucionalidad la que actúe; sin embargo, el sistema tiene una institucionalidad para resolver estos conflictos, y es uno de los elementos que dan estabilidad al sistema’. ‘El modelo de concesiones tiene mecanismos para resolver posibles diferencias. Es muy valioso y esa va a ser una señal del tipo de institucionalidad en la que se apoya el sistema de concesiones’, afirma Hutt.
