Óscar Gajardo Carreño, Diario Financiero
Señor Director: Siguen las conversaciones en el Congreso por el proyecto de ley que deroga al Artículo 114 de la Ley de Tránsito y que elimina las multas por el no pago del TAG. Aunque esta iniciativa busca aliviar la carga económica de algunos ciudadanos, plantea un debate crucial sobre el financiamiento y mantenimiento de nuestra infraestructura vial. El peaje, ya sea mediante TAG o de forma manual, es la base del sistema que permite construir nuevas rutas, mantener las existentes y garantizar servicios a los usuarios.
Eliminar las multas puede traer consecuencias negativas: desincentivar el pago, poner en riesgo los ingresos para conservación de carreteras, recargar al sistema judicial con cobros, desincentivar inversiones privadas futuras, decirle adiós a los telepeajes que permiten el free flow y, finalmente, trasladar los costos a los usuarios que cumplen. Más que suprimir sanciones, se requieren medidas que fomenten el cumplimiento por parte del Estado: facilitar el acceso al TAG, implementar pagos flexibles, campañas de concientización y un registro administrativo de morosos. Este debate no es solo económico, es también sobre desarrollo. La infraestructura es motor de progreso, y su sostenibilidad depende del equilibrio entre derechos y deberes ciudadanos.
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